El pasado mes de junio, Rodolphe Devillers compareció ante el Parlamento canadiense, en Ottawa, para lanzar una severa advertencia a los ministros allí reunidos. Profesor de geografía en la Universidad Memorial de Terranova, les explicó por qué no debían permitir que la industria pesquera faenara en las áreas protegidas, zonas que permanecen vetadas a la explotación con el fin de preservar la vida marina. Si el Gobierno sigue aprobando regulaciones cada vez más laxas con respecto a las reservas de la nación, afirmó, «la red canadiense de reservas marinas difícilmente generará los beneficios que el Gobierno y los canadienses esperan de ella». La víspera, él y otros 14 científicos habían enviado una carta de protesta a dos de los ministros, donde lamentaban la poca firmeza de Canadá. En paralelo, remitieron una copia a los medios de comunicación y, aquella misma tarde, la historia ya se convertía en noticia de portada.

En concreto, Devillers advirtió a los parlamentarios que no se equivocaran con respecto a la anhelada área marina protegida del canal de San Lorenzo, una reserva que debería abarcar 11.000 kilómetros cuadrados entre Cabo Bretón, en Nueva Escocia, y Terranova. Sería el mayor refugio marino jamás creado en Canadá y estaría destinado a proteger las tortugas laúd, los cailones y las plumas de mar, entre otras especies amenazadas. Proporcionaría también un lugar de descanso para los mamíferos marinos migratorios, como el rorcual azul y la ballena franca septentrional, ambos en peligro.

Una semana después, el 24 de junio, el ministro de pesca, Dominic LeBlanc, hizo público el plan del Gobierno para el canal de San Lorenzo. Se autorizarían las perforaciones para extraer petróleo y gas en el 80 por ciento de la reserva. La navegación sería libre. La extensión se reduciría un 33 por ciento con el fin de facilitar a las grandes compañías pesqueras el acceso a importantes caladeros, y el número de especies sensibles incluidas en la reserva pasaría de 16 a solo seis.

En el mundo existen más de 15.000 reservas marinas y la inmensa mayoría permiten las actividades comerciales. Hasta en el famoso Parque Marino de la Gran Barrera de Coral se admite la pesca de tiburones amenazados, entre ellos los peces martillo. Esa postura indulgente «queda en ridículo si se compara con la protección aplicada en tierra firme», afirma Devillers.

Para cumplir su cometido, las reservas marinas deben ser estrictas. Esto implica el veto absoluto a la pesca, o bien esta debe ser de bajo impacto, es decir, únicamente artesanal y destinada al consumo de los lugareños. Los espacios de este tipo solo abarcan el 1,8 por ciento de los mares del planeta.

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